Los estudiantes secundarios han convocado una movilización para el jueves 23, mientras que los profesores organizan otra para el lunes 28, la cual es adherida por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Carabineros tiene orden de impedir cualquier ocupación de los liceos en la comuna de Santiago. Pero los estudiantes seguirán con la toma de los colegios. Los profesores han denunciado la actitud hostil de la policía chilena, y han pedido a las autoridades que impidan el paso de Carabineros a las instituciones.

Un total de 139 personas fueron detenidas en desalojo que llevó a cabo este jueves en tres centros educativos de la capital chilena. Entre los alumnos secundarios arrestados, hay 94 menores de edad y 38 adultos que se resistieron a abandonar la toma en tres colegios..

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, ordenó desalojar los cuatro liceos después de reunirse con los estudiantes, explicando que, aunque entiende que se manifiesten para que sus demandas sean atendidas, no apoya la ocupación como herramienta de protesta civil.

Los estudiantes, por su parte, denunciaron que Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas en el interior de los colegios y reafirmaron que las ocupaciones de los liceos se llevaron adelante después de una votación mayoritaria.

El Gobierno de Sebastián Piñera enfrenta una grave crisis educativa desde mediados de abril de 2011, originada, justamente, por  los altos costos de la educación.

Las demandas estudiantiles encontraron un amplio respaldo en la población, sobre todo en la clase media, la más afectada por un sistema que fomenta el endeudamiento para costear los estudios universitarios. Son ellos los que han acompañado a los estudiantes en sus marchas, algunas de ellas, las más masivas de las últimas dos décadas.

Los estudiantes reclaman una reforma al sistema educativo chileno, uno de los más caros y desiguales del planeta, producto de las reformas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a menos de la mitad el aporte público y fomentó la inclusión de privados.

Los estudiantes buscan que el Estado central vuelva a hacerse cargo de los colegios públicos, hoy administrados por los municipios, y restringir la operación de centros privados que reciben subvención del Gobierno.