La atribución de la responsabilidad de Rousseff fue recomendada por el Ministerio Público y la procuraduría del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Ambos organismos investigan y han cuestionado las circunstancias de la compra de la refinería de Pasadena, concretada durante el pasado gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, y que fue aprobado por la presidente, quien en la época presidía el consejo de administración de la petrolera.
 
En el informe, los auditores designados para el caso recomiendan que los responsables por la negociación sean responsabilizados por eventuales pérdidas de la estatal. El documento servirá como base para que el TCU emita un informe final, el cual vería la luz en junio próximo, dos meses antes de que se celebren las elecciones presidenciales en las que Rousseff buscará la reelección.
 
Los auditores piden que los altos mandos de Petrobras, "incluyendo los miembros del consejo de administración", respondan "por daño a los cofres públicos, por actos antieconómicos y por gestión temeraria", en caso de se comprueben las irregularidades.
 
Las críticas al negocio, que también investiga la Policía Federal, refieren puntualmente al hecho de que en 2006 Petrobras pagó 360 millones de dólares por el 50 por ciento de las acciones de Pasadena, cuando, un año antes, la empresa belga Astra Oil, que pasó a ser su socia, había desembolsado por ella 42,5 millones de dólares.
 
También se investiga una cláusula contenida en el contrato, la cual obligó a Petrobras a comprar en 2012 el otro 50 por ciento de las acciones, lo que elevó el valor total del negocio a 1.180 millones de dólares.
 
Según la Fiscalía, las fallas de los operadores de Petrobras fueron "por encima de lo razonable". Asimismo, aseguran que el ente fue "víctima de la ineptitud de sus gestores en firmar acuerdos contractuales".
 
"Como la compra (de Pasadena) pasó por el Consejo de Administración y por la dirección (de Petrobras), como regla general del TCU, ellos pueden ser llamados a rendir explicaciones", expuso el relator del caso en el TCU, ministro José Jorge.
 
Otro punto cuestionado por los auditores es que en 2008 la estatal se haya embarcado en una batalla judicial para no verse obligada a cumplir determinadas cláusulas, lo que redundó en que tuviera que pagar cuantiosas sumas por concepto de honorarios, intereses y corrección monetaria.
 
Según "O Estado", esa batalla judicial fue promovida por Rousseff. Al estallar las denuncias, la mandataria afirmó que aprobó el negocio en base a un informe incompleto y con errores.
 
Las denuncias golpean de lleno a la presidenta brasileña, que buscará la reelección en las elecciones generales de octubre próximo, debido a que las mismas se vinculan al sector energético, que fue en el que ella desempeñó los cargos públicos más visibles.
 
Entre otros, fue ministra de Minas y Energía durante el gobierno de Lula. El Congreso Nacional, con el apoyo de legisladores opositores y asimismo de partidos aliados del gobierno, aprobaron la creación de una comisión parlamentaria que también investigará las denuncias.